La fuente es la OCU. No he podido resistirme a copiarlo...
Hoy hemos hecho pública una nota. Su título, largo como no recuerdo otro, es una declaración completa de intenciones: "El Gobierno le sube el sueldo a notarios y registradores, baja los gastos a los bancos... y para compensar esta situación hace pagar más a los consumidores". Se podría escribir más grande, en negrita, rojo o con otra fuente, pero el hecho es el que es y, además, cometido con opacidad y por la puerta de atrás.
Os recomiendo vivamente la lectura de nuestra nota de prensa. Desde luego nuestra intención es hacer oír nuestra voz, aunque las esperanzas de conseguir un poco de arrebol en los rostros de los responsables se me antoja empresa difícil. Porque lo han hecho (el Gobierno) sin ningún tipo de empacho o vergüenza. Utilizando el muy criticado método de aprovechar que "el Pisuerga pasa por Valladolid" han tenido la desvergüenza de colar en una disposición adicional de un Real Decreto sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero, sin ningún tipo de audiencia, un brutal incremento de las minutas que los sufridos consumidores debemos pagar por las cancelaciones, las novaciones y las subrogaciones de las hipotecas. Si ya era difícil que un banco concediera una hipoteca, ahora la cosa sube un poco mucho. Así, grosso modo, en plena crisis económica, se triplica el arancel que deben pagar los consumidores más allá del momento en que se acaba de cumplir con la obligación del pago o se decide cambiar de entidad financiera. Recuerdo que hace algún tiempo denunciamos el monstruoso ¿fraude? que se producía en el cobro de las minutas de notarios y registradores. Extrapolando los datos de nuestro estudio, notarios y registradores se han metido en el bolsillo más de 90 millones de euros de más sobre lo establecido en la norma de aranceles, gracias a una muy generosa interpretación de la misma, ya que a nuestro juicio (y al de la posterior interpretación del gobierno de Zapatero en un Real Decreto que modificaba los aranceles de ambos profesionales), el tema estaba bastante claro. Pues bien, ahora el gobierno de Rajoy, registrador de la propiedad en excedencia y presidente del Gobierno, ha cambiado la norma: ha triplicado los aranceles que deben pagar los consumidores y ha rebajado los que deben pagar los bancos. Nuestra recomendación es clara: la cancelación registral sólo deberíais hacerla cuando no os quedara más remedio (por ejemplo, si vendéis la vivienda). Hay que tener en cuenta lo que, de momento, dice la ley: que pasados 20 años desde el pago de la última cuota, podéis cancelar la inscripción por caducidad. Así, al menos, podéis ahorrar no sólo el pago de los aranceles notariales y registrales sino también, y no es peccata minuta, las barbaridades que cobran los bancos, simplemente, por certificar que ya no les debéis dinero. Lo que no cabe duda es, una vez más, sobre quiénes se está haciendo recaer el peso de la crisis. Lo peor de todo es que, esta vez, podemos decir que lo hacen, además, con falta de transparencia y por la puerta de atrás.
